ANV

“Nada tan estúpido como vencer. El verdadero triunfo está en convencer”. Víctor Hugo.

Leo en la edición digital de El País que el Constitucional acaba de ratificar la ilegalización de la formación nacionalista ANV, confirmando así el fallo del Supremo que consideraba probada “la existencia de relaciones de colaboración de distinta naturaleza (..) con la organización terrorista ETA y el partido ilegalizado Batasuna”. Según esta información, “la sentencia de hoy dicta que la decisión del Supremo se ajusta a la doctrina constitucional, al hacer una correcta aplicación de una norma que, entre otras cosas, obliga a las formaciones políticas a condenar la violencia”.

Comparto la sentencia de Kapuscinsky que afirma que “la ideología del siglo XXI debe ser el humanismo global, pero tiene dos peligrosos enemigos: el nacionalismo y el fundamentalismo religioso”. Lo que no comparto es la táctica de combate que se viene empleando en España contra todo lo que rodea a ETA. Ni siquiera es que la supuesta ‘lucha’ de esta organización me merezca algún respeto. Por supuesto, sus métodos de presión me parecen repugnantes. Pero nada de eso es el núcleo del debate.

Lo que se pone en cuestión es si el mero hecho de no condenar la violencia es motivo suficiente para la ilegalización de una formación política. Partimos de la base (errónea) de que, en democracia, no hay razón para defender la agresión física. Sin embargo, aceptamos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan, al amparo de la ley, de este recurso en régimen de monopolio. Olvidamos que el antidisturbios, el sargento, el ministro y el presidente son simplemente personas y, por lo tanto, pueden tomar decisiones equivocadas. Y no es pura especulación. Sucede con demasiada frecuencia y, normalmente, hace prevalecer la seguridad en detrimento de la libertad.

La legitimación de la violencia
Esta concesión se sustenta en la idea de que el Estado establece unas pautas de convivencia y se dota a sí mismo de los instrumentos necesarios para combatir todo agente que las vulnere. Políticamente, esto es comprensible, pero ¿por qué no lo es que los ciudadanos empleen la violencia cuando sea el Estado el que vulnere unos derechos que, por fuerza, han de ir cambiando a lo largo del tiempo? La Constitución no puede quedarse estancada. Para eso ya están la Biblia, el Corán, el Talmud… Y la idea maquiavélica de que la única manera de derrocar al tirano es el tiranicidio aún no ha sido convincentemente rebatida.

Aquellos que se autoproclaman demócratas deberían luchar por que todos los temas puedan ser objeto de debate público, incluso algunos que, en virtud de una dudosa (en sus términos) Declaración de los Derechos Humanos, han quedado encerrados en una caja negra bajo la llave de una moral que se presenta más como un dogma de fe que como un bien provisional (si Descartes levantara la cabeza…). Si se legaliza ANV es, sencillamente, porque se teme su éxito en las urnas. Qué lleva a la gente a posicionarse del lado de los violentos es el auténtico debate, pero entre el ruido de los insultos nadie (ni independentistas ni centralistas) está dispuesto a escuchar razones y asumir que, sin consenso, ninguna paz es duradera.